Opositores ecologistas exigen veto presidencial y piden la salida de los ministros Nicolás Grau y Maisa Rojas.
Un grupo de 40 diputados oficialistas ingresó este viernes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar artículos clave de la recientemente aprobada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, acusando que vulnera derechos fundamentales y tratados internacionales.
La ofensiva parlamentaria se suma al llamado de organizaciones socioambientales a movilizarse el próximo 19 de julio, con el objetivo de presionar al presidente Gabriel Boric para que vete la norma. Entre sus demandas también figura la renuncia del ministro de Economía, Nicolás Grau, y de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Disputa constitucional y división oficialista
Según el diputado socialista Daniel Melo, quien lidera la iniciativa, los artículos cuestionados “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”. El requerimiento también argumenta que el proyecto infringe principios internacionales, como el Convenio 169 de la OIT sobre Consulta Indígena.
El texto ingresado al TC denuncia que las modificaciones introducidas “implican una regresión ambiental y no respetan principios como el de no regresión, preventivo y precautorio”. En particular, critican que autorizaciones relacionadas con la administración de bienes nacionales y la gestión de aguas queden “sólo sujetas a declaraciones juradas, lo que implica una renuncia ilegítima del Estado a cumplir su rol protector”.
Además, en el escrito se advierte que “dentro del artículo 104 existen modificaciones que afectan directamente a los pueblos originarios” y que constituyen una infracción al principio de supremacía constitucional.
Junto a al diputad Melo firmaron parlamentarios de las bancadas del PC, PS, Frente Amplio, PPD, PAH e independientes, incluyendo a Karol Cariola, Camila Musante, Diego Ibáñez, Ana María Gazmuri, Emilia Schneider, Lorena Pizarro y Gaspar Rivas, entre otros.
Movilización social y acusaciones de regresión ambiental
La ley también ha generado un amplio rechazo desde organizaciones socioambientales. La Asamblea Ecologista de Chile, que agrupa a más de 200 colectivos, denunció que la norma “beneficia al gran empresariado nacional e internacional” y permite una desregulación que pone en riesgo los derechos de las comunidades.
El 22 de abril, en el Día Mundial de la Tierra, diversas agrupaciones entregaron una carta al Gobierno manifestando su total oposición al proyecto. Ahora, convocaron a una movilización nacional para el sábado 19 de julio y exigieron la renuncia de los ministros Grau y Rojas.
Críticas del sector privado y postura del Gobierno
Desde el mundo empresarial, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez criticó el requerimiento ante el TC y señaló a Emol: “Es difícil entender la impugnación a la ley de permisos sectoriales que responde a la necesidad de terminar con los largos y engorrosos procesos de aprobación de proyectos de inversión”.
Jiménez indicó al mismo medio que “los permisos ambientales (…) se están discutiendo en otro proyecto de ley que ha encontrado más dificultades y requiere algunos perfeccionamientos para que la tramitación ambiental efectivamente deje de ser el cuello de botella que hoy es para las inversiones”.
Rosario Navarro, presidenta de la Sofofa, también expresó su preocupación: “Esta ley ha sido fruto de un amplio consenso político y técnico, que se pone en cuestión, arriesgando la tan necesaria certeza jurídica (…) Confiamos en que el Tribunal Constitucional despeje prontamente estos puntos para avanzar en su implementación”.
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la legalidad de la norma: “Creemos que esta es una ley que cumple con todo el ordenamiento constitucional chileno y que es una ley que se va a hacer en el marco de nuestro ordenamiento constitucional”.
Para conocer más detalles sobre el requerimiento presentado ante el TC, ver documento completo AQUÍ.
