La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) notificó cargos formales al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho compañías por su presunta responsabilidad en el gran apagón que afectó al 98,5 % del país el 25 de febrero, lo que ha generado reacciones críticas de gremios y clientes.
El masivo apagón que dejó a casi todo Chile sin suministro eléctrico el pasado 25 de febrero sigue generando repercusiones. Este 4 de agosto, el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional fue notificado de la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en el marco de una investigación que también involucra a ocho empresas del sector energético. Las autoridades apuntan a posibles incumplimientos normativos en la operación del sistema eléctrico nacional, en un caso que podría derivar en millonarias sanciones y compensaciones a usuarios afectados.
El apagón ocurrió el 25 de febrero a las 15:16 horas, afectando a 98,5 % de la población chilena —cerca de 19 millones de personas— en 14 de las 16 regiones, desde Arica hasta Los Lagos. La falla se originó por una desconexión no programada de una línea de transmisión entre Vallenar y Coquimbo, lo que desató caos en transporte, telecomunicaciones y servicios críticos.
La SEC acusa al Consejo Directivo del CEN de operar el sistema en condiciones inseguras, al transmitir 1.800 MW por la línea Nueva Maitencillo–Polpaico, sobrepasando el límite seguro de 1.600 MW establecido por sus propios estudios. A nivel de empresas, se suman cargos a Interchile por fallas en el mantenimiento y reactivación de equipos sin autorización; a Transelec por falta de centros SCADA de respaldo; y a Engie, CGE, AES Andes y otras compañías por desconexiones anticipadas o ausencia de monitoreo técnico adecuado.
Las multas podrían ascender hasta 10.000 UTA por empresa (más de $8.200 millones CLP), mientras que cada consejero del CEN arriesga una sanción de 30 UTA (sobre $24 millones CLP), descontables de su patrimonio personal.
El CEN, en su declaración pública, confirmó que fue notificado el 4 de agosto de estos cargos por la SEC y señaló que analizará detalladamente las imputaciones y ejercerá su derecho a defensa, aportando antecedentes en el marco del debido proceso, la legalidad y la transparencia. Además reafirmó su compromiso con una operación segura, de mínimo costo y acceso abierto al sistema eléctrico nacional.
Por su parte, Javier Bustos, director ejecutivo de ACENOR, destacó que el blackout generó pérdidas estimadas por su asociación entre USD 400 y 500 millones para el país. Instó a que el proceso avance con rapidez, se definan sanciones y se compensen a todos los usuarios afectados. Asimismo, insistió en la urgencia de implementar medidas concretas para prevenir futuros apagones de esta magnitud.
Por su parte, gremios como la Asociación de Transmisoras de Chile y Generadoras de Chile valoraron la transparencia del proceso y manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades y reforzar la seguridad del sistema.
El procedimiento de la SEC continúa en desarrollo. Se espera que las empresas y los consejeros emitan sus descargos y que se evalúe la aplicación efectiva de sanciones. Este caso también podría impulsar reformas en las normas de operación y planificación del Sistema Eléctrico Nacional para asegurar mayor robustez y prevenir nuevos eventos crítico.
