Un informe elaborado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería detalla que el impuesto a la minería privada superó los $1.600 mil millones en 2025, de los cuales cerca del 72% ingresó a rentas generales de la nación sin una trazabilidad específica.
La recaudación del royalty aplicado a la minería privada registró un crecimiento del 11% en 2025 al superar los $1.600 mil millones, aunque poco más de uno de cada cuatro pesos recaudados se destinó directamente a regiones y comunas mediante los fondos territoriales establecidos por ley. Las conclusiones se desprenden del estudio Royalty 2.0: entendiendo y analizando el nuevo royalty en Chile, desarrollado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), el cual examina el funcionamiento, distribución y ejecución de estos recursos durante sus primeros años de implementación.
El análisis detalla que los tres mecanismos de distribución territorial creados por la normativa —el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), el Fondo de Equidad Territorial (FET) y el Fondo para Comunas Mineras (FCMI)— sumaron aproximadamente $454 mil millones en 2026, equivalentes a cerca del 28% de los ingresos obtenidos. Como los montos de estos fondos se fijan en unidades tributarias, otorgan estabilidad frente a caídas en la recaudación, pero no aumentan proporcionalmente cuando los ingresos del royalty crecen. En consecuencia, cerca del 72% de lo recaudado en 2025 ingresó a las rentas generales de la nación, perdiéndose la capacidad de rastrear de forma diferenciada qué programas o políticas públicas específicas financian.
Frente a esta brecha, CESCO plantea la necesidad de ampliar la trazabilidad y destinar una mayor proporción a fines permanentes y transparentes. Entre sus propuestas, el centro de estudios sugiere asignar un 10% a investigación, desarrollo e innovación minera —lo que habría significado más de $160 mil millones en 2025—, además de financiar exploración, información geocientífica pública y proveedores locales. Asimismo, el informe advierte una alta concentración de los ingresos, ya que tres faenas explicaron cerca del 95% de los aportes en 2025, lideradas por Minera Escondida.
En el ámbito municipal, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) indicó que las transferencias durante 2026 alcanzaron los $169.901 millones a julio, beneficiando a 309 comunas. No obstante, el estudio señala tensiones en la distribución, pues los criterios consideran población y vulnerabilidad además de la actividad minera, lo que situó a la Región Metropolitana con el 15% del total de los fondos conjuntos en 2026, mientras que en regiones mineras como Atacama el impacto presupuestario local fue considerablemente mayor, alcanzando un 9,37%. Adicionalmente, CESCO advierte sobre las variaciones abruptas que genera la actualización anual de la nómina de comunas mineras —como el caso de Pozo Almonte, que perdió más del 60% de sus recursos al salir de la lista en 2026— y sobre los desafíos en la ejecución de los fondos, ya que cerca de un tercio de los recursos asignados en 2025 aún no se traducía en gasto efectivo a mediados de 2026.
