En el marco del Día de la Tierra, el Ministerio del Medio Ambiente presentó “SuRIS”, una plataforma que utiliza imágenes espaciales y algoritmos para fiscalizar residuos de la construcción y extracción ilícita de áridos.
Con el objetivo de enfrentar uno de los desafíos ambientales más críticos del desarrollo urbano, el Ministerio del Medio Ambiente, en conjunto con Fundación Chile y la Municipalidad de Santiago, presentó este 22 de abril un innovador piloto tecnológico denominado SuRIS (Surveillance and Risk-management of Illegal Sites). Esta herramienta de teledetección busca identificar de manera temprana y automatizada los vertederos ilegales de residuos de la construcción y demolición (RCD), así como las zonas de extracción no autorizada de áridos en todo el territorio nacional.
La relevancia de esta iniciativa radica en la magnitud del problema: actualmente, el sector construcción genera más de 7 millones de toneladas de residuos al año, cifra que podría triplicarse al considerar toda la cadena de valor. Según explicó la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, la acumulación descontrolada de estos desechos fomenta la aparición de microbasurales que deterioran los barrios y aumentan los riesgos sanitarios. Ante este escenario, SuRIS permite generar alertas georreferenciadas mediante el análisis de imágenes satelitales y fotografía aérea, facilitando una fiscalización coordinada entre municipios y organismos públicos.
La plataforma es una pieza central del proyecto “Entorno+Circular”, una iniciativa financiada por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y ejecutada por Fundación Chile. Este programa tiene como fin último acelerar la transición del sector hacia una economía circular y baja en emisiones, proyectando evitar la liberación de más de 350 mil toneladas de CO2 equivalente hacia el año 2048. Al integrar tecnología desarrollada por el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable (CIPYCS) de la Universidad Católica, el sistema no solo detecta los focos de contaminación, sino que evalúa riesgos y prioriza las zonas de intervención.
En Chile existen al menos 3.735 sitios de disposición ilegal que contaminan suelos y aguas. Con la implementación de este piloto, las autoridades buscan desincentivar estas prácticas y fomentar el aprovechamiento de los materiales de construcción desde el diseño de las obras hasta su disposición final. De escalarse a nivel nacional, la herramienta no solo reduciría significativamente los costos de fiscalización, sino que se alinearía con la Hoja de Ruta de Economía Circular 2035, transformando un problema de gestión de residuos en una oportunidad para la sostenibilidad urbana.
