El presidente del directorio de la estatal justificó la negociación directa con la minera privada por razones estratégicas, operativas y económicas, y advirtió que una licitación habría significado pérdidas millonarias para el Estado.
En el marco de la Junta de Accionistas 2025 de Codelco realizada este martes, el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, entregó una extensa exposición sobre la gestión de la minera durante 2024, dedicando especial atención al acuerdo entre la estatal y SQM para la explotación conjunta de litio en el salar de Atacama.
Al encuentro, que se desarrolló por tercer año consecutivo de forma pública y fue transmitida de manera online, asistieron los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Aurora Williams, como delegados del presidente de la República, Gabriel Boric; mientras que, por Codelco, estuvieron presentes los miembros del directorio, liderados por su presidente, Máximo Pacheco, además del presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.
Como uno de los argumentos a favor de la conformación de la sociedad conjunta entre Codelco y SQM, Pacheco planteó que agregar litio a las líneas de negocios de la estatal “permite diversificar nuestra cartera de productos”, gracias al proyecto que buscará desarrollar junto a su futura socia en el salar de Atacama, denominado Salar Futuro, así como también a través de la adquisición de Minera Salar Blanco, en Maricunga.
Transparencia, eficiencia y respaldo jurídico
El presidente del directorio también se refirió a la transparencia con que se ha desarrollado todo el proceso. Destacó que todos los documentos vinculados al acuerdo están disponibles públicamente y que los avances han sido comunicados con regularidad. “Hemos hecho todos los esfuerzos para garantizar la máxima transparencia en el proceso”, afirmó, subrayando que esto “es muy excepcional en el mundo de los negocios”.
Asimismo, recordó que representantes de ambas compañías han asistido a múltiples instancias para explicar la operación: “Sólo en la Cámara de Diputados hemos concurrido en doce ocasiones”.
Además, comentó que la alianza público-privada cuenta con la aprobación de autoridades regulatorias de Bélgica, Italia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, así como de la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. “Los tribunales superiores de justicia han confirmado la validez y legalidad de la actuación de Codelco con ocasión de la suscripción del acuerdo de asociación”, puntualizó.
Valor económico y decisión estratégica
Según estimaciones económicas expuestas por Pacheco, el valor presente que recibiría el Estado por esta joint venture fluctuaría entre US$21.700 millones y US$48.900 millones, dependiendo del precio internacional del litio durante la vigencia del contrato. Las proyecciones, elaboradas en diciembre de 2024, se basan en rangos de entre US$15.000 y US$25.000 por tonelada de carbonato de litio equivalente (LCE).
Mientras, al justificar la elección de una negociación directa en lugar de una licitación internacional, el líder del directorio de Codelco enumeró cuatro factores: la experiencia técnica de SQM, el vencimiento del actual contrato con Corfo en 2030, la inexistencia de instalaciones estatales para la refinación de litio, y los plazos involucrados en un proceso competitivo abierto.
Sobre este último punto, advirtió que “una licitación viable sólo habría permitido adjudicar una solución con un tercero a partir de 2031”, lo que habría generado un valle productivo de al menos cinco años, con pérdidas para el Estado de al menos US$11.000 millones.
A ello agregó los riesgos medioambientales asociados a una eventual interrupción operacional y a la ausencia de monitoreos en las condiciones del salar de Atacama, lo que, a su juicio, podría acarrear “consecuencias imprevisibles”.
Con esta exposición, Máximo Pacheco respondió a las críticas de sectores políticos, tanto oficialistas como de oposición, sobre la sociedad entre Codelco y SQM para incursionar en el mercado del litio, destacando los beneficios estratégicos que representa el acuerdo para el desarrollo del país.
