El gobierno de Dina Boluarte decretó toque de queda e intervención militar en provincia de Pataz tras el secuestro y asesinato de 13 guardias de seguridad de una empresa subcontratada por minera Poderosa.
La creciente disputa del crimen organizado por el control de los yacimientos de oro, en un contexto de precios históricamente altos, ha desatado una ola de violencia en el distrito de Pataz, Perú. Ante el hallazgo de 13 guardias asesinados en una mina de la compañía Poderosa ha motivado al Gobierno a imponer toque de queda, suspender las actividades mineras y desplegar fuerzas militares para restaurar el orden en la zona.
Los cuerpos sin vida de los trabajadores de la empresa contratista R&R fueron encontrados este domingo en una pequeña mina artesanal que opera dentro del área de concesión de Poderosa, en la provincia de Pataz, luego de ser secuestrados la semana anterior por un grupo criminal relacionado con la minería ilegal.
En tanto, Compañía Minera Poderosa SA, una de las principales productoras de oro de Perú, señaló que sus instalaciones han sido objeto de varios atentados, como explosivos y emboscadas en el último tiempo.
“No será posible derrotar a la criminalidad si, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, la policía continúa absteniéndose de ingresar e interceptar las entradas ilegales a las minas que son utilizadas como base y refugio por los delincuentes”, denunció la empresa.
Medidas de urgencia para reestablecer el orden
Frente a este recrudecimiento de la violencia, la presidenta Dina Boluarte decretó el lunes toque de queda en todo el distrito de Pataz, desde las 18:00 hasta las 6:00 horas. Además, suspendió todas las actividades mineras por 30 días, prorrogables, con el objetivo de permitir la intervención militar y policial en la zona.
En una conferencia de prensa, Boluarte expresó: “Solicitaremos facultades legislativas al Congreso para legislar en materia de terrorismo urbano porque es ahora cuando debemos actuar”. También anunció la instalación de una base militar en la región afectada, como parte de un plan para recuperar el control territorial.
Minería ilegal descontrolada y crimen organizado
El crimen que cobró la vida de 13 trabajadores ha desatado una ola de cuestionamientos al Estado por su ineficaz respuesta frente al avance del crimen organizado en zonas mineras.
Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenaron el asesinato y señalaron que este hecho “evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales”.
La SNMPE también criticó la demora del Gobierno en aprobar el plan de lucha contra la minería ilegal y su presupuesto. “No basta con declaratorias de estados de emergencia para hacer frente a las actividades ilícitas, ya que ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos en la provincia de Pataz”, sentenció la organización.
A las críticas se sumaron Perucámaras, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima, entre otras agrupaciones empresariales, que advirtieron que este homicidio múltiple no puede ser tratado como un episodio aislado.
“Es la consecuencia directa de la ausencia de una política integral, firme y eficaz del Estado frente a la criminalidad organizada, así como de la mantención de mecanismos como el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que lejos de contribuir a una verdadera formalización, ha permitido durante años la expansión de actividades ilegales”, aseguraron las asociaciones.
Alternativas para abordar la crisis
Por su parte, la consultora V&C Analistas condenó el asesinato de los mineros y llamó a recuperar el control territorial. Su propuesta incluye cuatro medidas concretas:
- Dictar acciones legales y de control inmediato.
- Establecer puestos de vigilancia estratégicos.
- Asegurar una presencia efectiva del Estado en zonas críticas.
- Construir un frente social articulado contra el crimen organizado.
En este contexto, la crisis en Pataz representa una señal de alerta para Chile, dada su proximidad geográfica y su perfil económico minero similar, lo que refuerza la necesidad de articular respuestas coordinadas a nivel regional frente al avance del crimen organizado en zonas extractivas.
