La nueva resolución judicial permite reanudar la tramitación de dos iniciativas para la explotación del mineral en salar de Uyuni, que implican una inversión de más de US$2.000 millones.
El Juzgado Mixto Civil y Comercial de Colcha K, en Potosí, dejó sin efecto la suspensión judicial que impedía el tratamiento legislativo de los contratos de explotación de litio suscritos entre la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y dos consorcios internacionales: Uranium One Group de Rusia y CBC (CATL, Brunp Recycling y CMOC Group) de China, uno de los principales actores mundiales en la producción de baterías.
La decisión responde a la acción popular interpuesta por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), cuyos representantes -Iván Calizna Copa, Eliseo Yave y Gustavo Fausto- argumentaron vulneración de derechos colectivos por falta de consulta previa y posibles impactos ambientales en el salar de Uyuni, uno de los depósitos de litio más grandes del mundo.
“El razonamiento jurídico es que los contratos no están vigentes y no había ninguna vulneración de derechos colectivos”, explicó el gerente de YLB, Pablo Nina, a través de un comunicado. En la audiencia, representantes del Ministerio de Hidrocarburos, de YLB y de la Cámara de Diputados sostuvieron que los proyectos aún están en fase de prefactibilidad y que las actividades económicas de las comunidades no se ven afectadas directamente, ya que la explotación proyectada no se desarrolla en los espacios ancestrales de uso comunal.
Exhorto a la Asamblea Legislativa y revisión constitucional
Pese a levantar la paralización, el juez exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a elaborar y aprobar una ley específica que regule los parámetros de la consulta previa para este tipo de megaproyectos estratégicos, acogiendo los planteamientos expuestos por la Defensoría del Pueblo y la senadora Cecilia Requena (CC), quien participó como amicus curiae. Además, la resolución será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para su eventual revisión o confirmación, conforme a la normativa vigente.
Los contratos, firmados en 2023 y 2024, contemplan la instalación de plantas de extracción directa de litio (EDL) con una producción estimada de 35.000 toneladas de carbonato de litio al año, en alianza con inversores internacionales y bajo control mayoritario estatal del 51% a través de YLB. La inversión comprometida supera los US$2.000 millones, por lo que sería un importante avance para las pretensiones de Bolivia de posicionarse como un actor clave en la industria del mineral blanco.
Con esta determinación judicial, la Asamblea Legislativa tiene vía libre para reanudar el debate y aprobación de los contratos, en medio de tensiones políticas y demandas sociales que exigen mayor transparencia y resguardo ambiental.
