El gobierno de Boluarte apuesta por nuevos proyectos de cobre, oro y zinc, con énfasis en la formalización de pequeños productores y una ofensiva contra la minería ilegal.
Durante su última presentación ante el Congreso, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que evalúa autorizar 134 nuevos proyectos de exploración y explotación minera con una inversión estimada de US$6.000 millones. La medida busca dinamizar el sector y fortalecer la recaudación fiscal, mientras se endurece la postura oficial frente a la minería informal
La mandataria detalló que iniciativas formales por un total de US$4.700 millones iniciarían su construcción antes de 2026. Además, espera que las ventas anuales de la pequeña minería superen los US$5.000 millones hacia fin de año.
Foco en inversión privada
En paralelo, el Ejecutivo promoverá la creación de un fondo privado orientado a facilitar el acceso a financiamiento competitivo para pequeños productores formales, con el propósito de incentivar la regularización, atraer inversión privada y fortalecer la generación de empleo en regiones tradicionales como Cajamarca, Apurímac y Arequipa.
Asimismo, Perú busca diversificar la producción de cobre, oro y zinc, y mejorar los estándares ambientales y sociales de las faenas mineras que operan en el país.
Ofensiva contra la informalidad
El impulso al sector ocurre mientras el Gobierno adopta un enfoque más estricto frente a la minería informal, luego de que más de 50.000 mineros fueran excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), dejando solo 31.000 habilitados para continuar el proceso hasta 2025.
La medida adoptada a comienzos de julio generó protestas y bloqueos en rutas estratégicas utilizadas por compañías como MMG y Glencore. En esa oportunidad, el Ministerio de Energía y Minas explicó que su objetivo fue “ordenar el proceso de formalización minera”, y que las exclusiones obedecían a un sinceramiento de los datos disponibles.
Retos pendientes
El éxito del plan dependerá de la capacidad estatal para fiscalizar, acompañar la transición de productores informales a la regularización y asegurar condiciones estables para la inversión.
En tanto, el Gobierno peruano ha sostenido que avanzar hacia una minería más formal y transparente es clave para mejorar los ingresos públicos y reducir la criminalidad en el sector.
