La decisión desató bloqueos en la vía que conecta operaciones clave de cobre de compañías como MMG, Glencore y Hudbay, afectando el transporte de mineral hacia los puertos del país.
El Gobierno de Perú excluyó a 50.565 mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que hasta ahora les permitía operar temporalmente mientras avanzaban sus trámites de regularización.
De esta manera, solo 31.560 pequeños productores podrán continuar en el proceso de formalización hasta fines de 2025, para lo cual deberán demostrar avances verificables en dicho trámite.
Protestas y bloqueos en zonas estratégicas del cobre
La medida, anunciada el viernes, desató nuevas protestas de mineros informales agrupados en la Confederación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (CONFEMIN), que acusan al Ejecutivo de atentar contra el derecho al trabajo.
Las manifestantes bloquearon la vía que conecta operaciones clave de cobre de compañías como MMG, Glencore y Hudbay, afectando el transporte de mineral hacia los puertos.
“Ratificamos la medida de fuerza hasta que el Gobierno retroceda en estas acciones y atropellos”, declaró el líder de CONFEMIN, Máximo Franco Bequer, en un mensaje difundido en redes sociales. Según la organización, medio millón de personas dependen directamente de la minería informal.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, explicó que más de 45 mil de los mineros excluidos tenían estatus de “suspendidos” y no registraban actividad desde hace al menos cuatro años.
“Iniciamos un sinceramiento de tal magnitud para ordenar el proceso de formalización minera e identificar territorios y áreas donde se realiza actividad con amparo normativo”, indicó el secretario de Estado.
Minería ilegal, crimen organizado y violencia en alza
La decisión del Ejecutivo se da en medio de una escalada de violencia vinculada a la minería ilegal, especialmente en zonas auríferas como el distrito de Pataz, en La Libertad. Allí, en mayo pasado, trece trabajadores de una empresa subcontratada por Minera Poderosa fueron secuestrados y asesinados por bandas criminales, lo que llevó al Gobierno a decretar toque de queda e intervenir militarmente la zona.
El uso del REINFO como escudo para actividades ilícitas ha sido criticado por gremios empresariales y expertos, quienes han señalado que la falta de una política integral ha permitido que redes criminales se enquisten en la actividad extractiva, muchas veces desplazando por la fuerza a pequeños productores.
Ante esta realidad, el Gobierno peruano ha prometido reforzar las acciones de interdicción en todo el país y establecer mecanismos más rigurosos para garantizar que el proceso de formalización minera cumpla con criterios técnicos, ambientales y de trazabilidad.
