La asociación gremial advirtió ante la Comisión de Minería que el alza en las patentes por la Ley N° 21.420 está generando presión sobre los pequeños productores, provocando la pérdida de yacimientos históricos en medio de un ciclo favorable de precios.
La Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (AGRUMIN) solicitó formalmente a la Comisión de Minería y Energía del Senado la paralización de los remates de concesiones por no pago de patentes. La dirigencia del gremio advirtió que la aplicación del marco regulatorio fijado por la Ley N° 21.420 está asfixiando económicamente a los pequeños y medianos productores del país, desincentivando la inversión y acelerando la desaparición de faenas locales. Esta presión se da en un escenario paradójico, donde la disminución de mineros persiste a pesar de los altos precios internacionales del cobre y del oro.
La delegación —encabezada por el presidente de AGRUMIN, Patricio Gatica; el vicepresidente, Fernando Gattas; y el director legal, Juan Carlos Urquidi— expuso que el sobrecosto en el pago de patentes y la imposición de exigencias diseñadas para la gran minería ignoran las brechas operativas, financieras y de impacto ambiental de los pequeños yacimientos. Ante esto, el gremio propuso la creación de un Estatuto Especial para la Pequeña Minería que unifique la normativa del sector con reglas diferenciadas en materia ambiental, permisos, seguridad y operación de relaves.
“El incremento del valor de las patentes mineras ha generado una presión económica que muchos productores no están en condiciones de enfrentar, especialmente quienes desarrollan proyectos en etapas iniciales o explotan yacimientos de menor escala”, enfatizó Patricio Gatica durante su intervención en la Cámara Alta.
Por su parte, el vicepresidente Fernando Gattas insistió en la urgencia de congelar los remates mientras el Congreso tramita las modificaciones legales en curso. Según AGRUMIN, frenar la pérdida de pertenencias históricas y aplicar ajustes normativos permitiría reactivar faenas y plantas paralizadas en cuestión de meses, lo que se traduciría en un impulso al empleo regional y un aumento en la recaudación fiscal.
