Aún quedan por resolver cuatro de los diez puntos acordados previamente para su discusión, como los que abordan la sustitución de permisos por declaraciones juradas, el cumplimiento de plazos, la invariabilidad regulatoria y la tramitación simultánea de autorizaciones sectoriales.
Este martes, tras seis meses de tramitación, la Comisión de Economía del Senado tenía previsto aprobar y despachar el proyecto de ley sobre autorizaciones sectoriales, una reforma clave para avanzar hacia una “permisología” que agilice la inversión en el país. Sin embargo, la sesión convocada para tal efecto fue suspendida por el presidente de la Comisión, Rojo Edwards (Partido Social Cristiano), debido a que el Gobierno no presentó a tiempo las indicaciones comprometidas.
Como parte de los esfuerzos por facilitar el trabajo de la Comisión, el Ejecutivo y los senadores suscribieron un protocolo de acuerdo con diez puntos a debatir. En cuatro de ellos aún persisten diferencias, las que debían resolverse antes de la sesión programada para hoy a las 09:30 horas. Pese a la cancelación de la cita, el bloque oficialista tendrá la oportunidad de exponer sus modificaciones a estas materias en el transcurso de la jornada.
Aspectos por debatir
Los cuatro aspectos del protocolo preestablecido en los que aún se deben alcanzar acuerdos son:
- Sustitución de permisos por declaraciones juradas
La propuesta contempla ampliar el uso de declaraciones juradas en reemplazo de permisos, eliminando restricciones al uso de técnicas habilitantes alternativas (THA). Además, señala que, por norma general, el Estado dará preferencia a las vías menos restrictivas, salvo que una ley sectorial u órgano competente disponga lo contrario. Con esto último Edwards no está de acuerdo, porque limitaría la utilización de declaraciones juradas en lugar de permisos.
- Plazos perentorios para tramitación
El protocolo precisa también que los plazos para la resolución de permisos en el sector público serán fatales –o perentorios, con consecuencias legales si se vencen- y obligatorios, pudiendo su incumplimiento derivar en sanciones administrativas y servir como criterio para evaluar el desempeño de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en cada organismo. No obstante, algunos sectores consideran que la redacción actual no deja en claro la definición de “fatales” y, por ende, las consecuencias efectivas de no respetar estos tiempos.
- Invariabilidad regulatoria
Este punto busca garantizar que los proyectos no sean afectados por cambios en la normativa o criterios administrativos durante su tramitación o ejecución. Aunque la oposición sostiene que no se detalla con claridad cómo se asegurará la mantención de las regulaciones exigidas desde un principio, lo que deja espacio para interpretaciones que podrían afectar la certeza jurídica de los inversionistas.
- Tramitación en paralelo de permisos
Asimismo, el documento dispone que los plazos para la resolución de permisos en el sector público serán fatales –o perentorios, con consecuencias legales si se vencen- y obligatorios, pudiendo su incumplimiento derivar en sanciones administrativas y servir como criterio para evaluar el desempeño de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en cada organismo. No obstante, algunos sectores consideran que la redacción actual no deja en claro la definición de “fatales” y, por ende, las consecuencias efectivas de no respetar estos tiempos.
Siguientes pasos de tramitación legislativa
Una vez que el proyecto sea aprobado y despachado por la Comisión de Economía del Senado, deberá continuar su tramitación en la Comisión de Hacienda y luego en la sala del Senado.
Según consigna La Tercera, fuentes cercanas al trabajo entre el Ministerio de Economía y los senadores señalan que en la última semana se han logrado importantes acercamientos, por lo que las expectativas para la votación de la iniciativa en esta instancia son favorables y apuntan a un avance decisivo hacia la aprobación definitiva de la esperada reforma.
