El organismo británico admitió a tramitación las acusaciones contra la minera por presunta interferencia en las acciones judiciales iniciadas por los afectados en la tragedia socioambiental ocurrida en Brasil en 2015.
El Tribunal Superior de Londres resolvió que existen antecedentes suficientes para iniciar un juicio contra BHP por presunto desacato penal, en el marco de la demanda colectiva presentada por las víctimas del desastre de Mariana, en Brasil.
La decisión del organismo británico, emitida el 26 de junio de 2025, responde a acusaciones dirigidas a la compañía multinacional, que habría financiado acciones legales en el país latinoamericano con el objetivo de bloquear los procedimientos judiciales en el Reino Unido.
Origen del conflicto: el desastre de Mariana
El 5 de noviembre de 2015, el colapso del tranque de relaves Fundão de la minera Samarco, controlada por la brasileña Vale y la angloaustraliana BHP, provocó la muerte de 19 personas, la destrucción de localidades completas y un derrame de más de 43 millones de metros cúbicos de relaves.
Los residuos generados por el proceso de concentración de hierro de la mina Germano ubicada en la localidad de Mariana, en el estado de Minas Gerais, inundaron las cuencas de varios ríos, destruyeron pueblos y campos a su paso y llegaron al océano Atlántico 16 días después del accidente, tras recorrer más de 600 kilómetros.
Este hecho, considerado uno de los peores desastres mineros en la historia de Brasil, generó un amplio litigio internacional. En Londres, unas 600.000 personas, junto a 46 municipios y 2.000 empresas, presentaron una demanda colectiva contra BHP, reclamando una indemnización de 36.000 millones de libras (más de US$46.000 millones), al considerar que la compañía no actuó con la debida diligencia para prevenir la tragedia.
Presunta interferencia y desacato
El juez Adam Constable concluyó que es “argumentable” que BHP financió litigios internos en Brasil con el propósito de evitar que el caso avanzara en la justicia británica.
En particular, se menciona que la compañía apoyó una ADPF (Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental) ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, presentada por el Instituto Brasileño de Minería (IBRAM) -del que BHP forma parte- para impugnar la legitimidad de que municipios brasileños demanden en tribunales extranjeros.
El fallo señaló que hay “motivos razonables para argumentar que la estrategia de BHP (…) fue específicamente diseñada con el propósito, según se alega, de interferir con la administración de justicia en estos tribunales”.
Posibles sanciones y próximos pasos
BHP ha negado haber actuado de mala fe y asegura que seguirá defendiendo su posición. La fecha del juicio por desacato aún no ha sido fijada, pero, de comprobarse la infracción, la minera podría enfrentar multas cuya cuantía quedaría a discreción del tribunal, ya que no existe un límite máximo preestablecido para este tipo de sanciones.
En paralelo, sigue pendiente la resolución principal del caso, que determinará si la minera multinacional puede ser legalmente responsable del colapso de la presa. En caso afirmativo, se abriría una nueva etapa para cuantificar los daños económicos y establecer eventuales compensaciones.
Aunque en marzo finalizó el juicio en Londres, aún no hay fecha para la sentencia. En la primera semana del proceso, iniciado en 21 de octubre de 2024, el Estado brasileño firmó un acuerdo de compensación con BHP, Vale y Samarco por US$30.600 millones, lo que podría incidir en los términos del litigio.
Así, el caso se ha transformado en un emblema sobre los desafíos de la justicia transnacional para garantizar la rendición de cuentas por los impactos socioambientales provocados por grandes compañías mineras, revelando la complejidad de establecer responsabilidades en contextos jurídicos de alcance global.
