La decisión se debe a la identificación de un nuevo Grupo Humano Perteneciente a Pueblos Indígenas, conformado por tres familias mapuche que recolectan hierbas medicinales en la cuenca de un estero de la comuna.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío resolvió ampliar el proceso de consulta a pueblos indígenas en el marco del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de explotación de tierras raras en la comuna de Penco, promovido por REE UNO SpA, filial chilena de Aclara Resources Inc.
Tras analizar antecedentes presentados por representantes mapuche, el organismo público determinó que la iniciativa, cuyo nombre oficial es “Proyecto de Desarrollo Minero de Extracción de Arcillas para Producción de Concentrado de Tierras Raras”, genera impactos significativos que justifican extender la consulta previa a las familias Gutiérrez-Huircán, Jara-Gutiérrez y Sáez-Campos.
Este nuevo Grupo Humano Perteneciente a Pueblo Indígena (GHPPI), reconocido formalmente por el SEA, está compuesto por once personas que desarrollan prácticas culturales y espirituales en sectores que serían directamente intervenidos por la faena minera.
Afectación de prácticas ancestrales
Según el expediente del SEA, las familias recolectan lawen, frutos silvestres y hongos en diversos sectores del estero Penco, incluyendo el borde del río, zonas boscosas y vertientes, donde también realizan rogativas a Ngnechén. La propuesta de la empresa canadiense, que considera una planta de procesamiento de hasta 320 toneladas por hora y caminos de acceso controlado, amenaza con restringir el uso tradicional de estos territorios.
En un escrito enviado en mayo al SEA, Rubén de la Hera, vocero del GHPPI, detalló que las familias han usado históricamente dicho estero para “la recolección respetuosa a los ngen, la realización de rogativas y la extracción de lawen en armonía con el bosque nativo”.
Etapa clave para el EIA
Cabe señalar que este nuevo hito ocurre en medio de un complejo proceso ambiental, luego de que la iniciativa de REE UNO SpA recibiera en mayo de este año su segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA), con 205 observaciones de 16 organismos públicos. Entre ellas se cuestiona su impacto sobre biodiversidad, arqueología y comunidades rurales.
Así, mientras el titular del proyecto prepara una nueva Adenda con respuestas a los requerimientos formulados en el ICSARA, la ampliación del proceso de consulta indígena incorpora un componente clave para evaluar la compatibilidad territorial, ambiental y cultural de esta iniciativa de extracción de tierras raras, minerales estratégicos de creciente interés global.
