Delincuentes sustrajeron cableado eléctrico de la planta desaladora el pasado miércoles, comprometiendo el suministro de agua para miles de habitantes de la capital regional y Mejillones.
Criminales atacaron nuevamente la infraestructura crítica de Antofagasta el pasado miércoles 20, cuando robaron cables del tendido eléctrico de la planta desaladora, paralizando la producción de agua potable y poniendo en riesgo el suministro para miles de habitantes de la capital regional y Mejillones. La empresa Aguas Antofagasta logró evitar el colapso del servicio gracias a fuentes alternativas de la cordillera, pero el incidente expone la creciente vulnerabilidad de servicios esenciales ante la delincuencia organizada.
El robo afectó directamente tres módulos fundamentales de la desaladora ubicada en el sector norte de Antofagasta, comprometiendo la capacidad de producción de agua potable. Según informó la compañía sanitaria, solo el respaldo de fuentes alternativas provenientes de la cordillera permitió mantener el servicio sin interrupciones, evitando un corte que habría impactado masivamente a la población.
“El incidente evidencia la permanente amenaza y vulneración de infraestructuras críticas, frente a estos ilícitos que se han intensificado en los últimos años”, expresaron desde Aguas Antofagasta en un comunicado oficial.
Según datos de la concesionaria eléctrica CGE, Antofagasta se posicionó como la cuarta región con mayor cantidad de robo de cables de cobre durante el primer semestre de 2025, con un total de 22.127 metros sustraídos.A nivel nacional, la situación es aún más alarmante: entre enero y junio de este año se registraron 705 episodios de robo de cable, muy superior a los 190 casos reportados en el mismo período de 2024, representando un incremento de más del 270%.
El problema no se limita a la desaladora. Durante el fin de semana también se registraron intervenciones fraudulentas en la red que abastece Mejillones, casi provocando el corte total del suministro a esa comuna. La empresa detectó “conexiones fraudulentas en la aducción”, facilitadas por campamentos irregulares instalados en zonas donde atraviesa la tubería de gran envergadura.
Por parte de las autoridades regionales, él diputado Sebastián Videla anunció que coordinará con el gobernador para intensificar las fiscalizaciones y el resguardo de puntos críticos. “Esta es una infraestructura crítica que por supuesto debe tomar todos los resguardos correspondientes”, manifestó.
El senador Pedro Araya destacó la presencia de “bandas organizadas” dedicadas al robo de este material y pidió que la fiscalía intensifique las investigaciones para “desbaratar estas bandas criminales”. También solicitó a la Delegación Presidencial establecer planes de fiscalización en chatarreras donde se comercializa el material robado.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro urgió la promulgación de la ley que aumenta las penas por robo de cables, aprobada el 5 de agosto. La nueva normativa eleva las condenas de 5 a 10 años e incluye agravantes para quienes se hagan pasar por personal de compañías eléctricas.
Aguas Antofagasta hizo un llamado público a la comunidad para denunciar estas prácticas y apoyar la protección de las instalaciones sanitarias. La empresa mantiene coordinación permanente con autoridades locales y regionales, pero reconoce que el fenómeno requiere del compromiso ciudadano para prevenir nuevos hechos que puedan afectar el abastecimiento de agua.
