Desde el sector norte, la colectividad Coyo cuestiona el mecanismo de segmentación territorial aplicado y recurrió a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, solicitando la suspensión del proceso.
A días del cierre de la consulta indígena impulsada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), en el marco del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el salar de Atacama, han resurgido divisiones entre comunidades que integran el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).
De los 48 grupos participantes, la comunidad Coyo y la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores interpusieron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, solicitando suspender el proceso consultivo.
Disputa entre el norte y el sur del salar de Atacama
Según Diario Financiero, el recurso presentado por la comunidad Coyo sostiene que el procedimiento habría sido “apresurado”, con “omisiones sustantivas” de los contratos y sin cumplir con estándares establecidos por el Convenio 169 de la OIT.
En paralelo, acusa a Corfo por segmentar materias y dividir “injustificadamente” a los participantes de la consulta indígena en tres grupos, lo que habría sido adoptado “a solicitud de un grupo limitado de comunidades indígenas bajo el pretexto de una no fundamentada mayor afectación”.
La crítica apunta directamente a las comunidades del sur del salar de Atacama, que conforman el Grupo 1 de la consulta -Peine, Socaire, Camar, Talarbe y Tocona-, las que históricamente han convivido con las operaciones de SQM y Albemarle en sus territorios.
En este contexto, desde el sector norte, los Coyo cuestionan el mecanismo de segmentación territorial aplicado, reactivando una antigua fractura interna al interior del CPA.
“Los contratos anteriores han acrecentado la división entre las comunidades, donde las del sur argumentan que no es posible un esquema en el cual ellos perciban lo mismo que otras que están a más de 100 kilómetros, que es de toda lógica, pero Corfo ha dado cabida a todos y el contrato busca una fórmula de ecuanimidad en la repartición de aportes”, señaló a DF un conocedor del proceso.
Pugna identitaria y oposición a la industria del litio
Sin embargo, el desacuerdo no sería solamente económico. Un cercano a la comunidad Coyo afirmó al mismo medio: “Dudo que esto sea por más dinero, sino que responde más a una posición identitaria, activista, contraria a la producción de litio, y no van a dar su brazo a torcer”.
Cabe destacar que no es la primera vez que los Coyo se enfrentan institucionalmente a procesos relacionados con la industria del litio. En 2022, presentaron recursos de protección que terminaron anulando la licitación del mineral impulsada por el entonces presidente Sebastián Piñera.
Posibles efectos legales
Los recursos judiciales fueron admitidos por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que otorgó un plazo de quince días hábiles para que Corfo, Codelco, SQM y Conadi entreguen sus observaciones.
Aunque los plazos podrían verse alterados si la Corte dictara una orden de no innovar, abogados que asesoran a comunidades atacameñas consideran que “las acciones legales no tendrán efecto” en el desarrollo del procedimiento general.
Nuevo plazo y próxima fase
En tanto, según una fuente de Gobierno, el cronograma inicial preveía cerrar la etapa de diálogo el 19 de julio. Sin embargo, se acordó añadir una reunión adicional para cada grupo, extendiendo el proceso hasta fines de este mes.
Luego comenzará la fase de Sistematización, en la que Corfo elaborará un documento consolidado con todos los planteamientos y justificará aquellos puntos que no sean recogidos.
