Desde La Moneda acusan que el fallo del Tribunal Ambiental estaría atribuyendo al SEA facultades exclusivas del Comité de Ministros, después de que este último decidiera rechazar la iniciativa.
El Gobierno de Chile decidió llevar el caso Dominga ante el Tribunal Constitucional (TC), presentando un requerimiento de competencias. Esta acción busca asegurar las facultades del Comité de Ministros en el juicio del proyecto minero-portuario, luego de que el fallo del 17 de febrero del Primer Tribunal Ambiental (1TA) dejara sin efecto el rechazo de los secretarios de Estado a la iniciativa.
En la sentencia emitida el mes pasado, el organismo judicial determinó que el Comité había incumplido con lo dispuesto en su resolución del 9 de diciembre, que ordenaba una nueva votación sobre Dominga, siguiendo algunas directrices específicas. Pero, según el Tribunal, estas indicaciones no fueron respetadas por los ministros en su decisión de desaprobar el proyecto.
Como resultado, el 1TA instruyó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su rol de Secretaría Técnica del Comité, que emitiera un acto complementario que se alineara con la resolución anterior. Esto implicaba que el organismo debía dictar un nuevo pronunciamiento conforme a las condiciones y directrices establecidas por el 1TA.
Posición del Ejecutivo
Sin embargo, el Gobierno argumenta que el SEA no posee las facultades para modificar lo resuelto por la agrupación ministerial y afirma que el fallo del 1TA, “contraviniendo la Constitución y la ley, se atribuye potestades privativas del Comité de Ministros, impartiendo instrucciones directas a la Secretaría Técnica para determinar el contenido de sus decisiones sobre el proyecto Dominga”.
Por ello, el Ejecutivo optó por recurrir al TC, presentando un requerimiento de competencias, para dirimir el conflicto sobre las facultades del Comité de Ministros y asegurar que este órgano pueda ejercer su potestad de manera plena en el caso.
En ese sentido, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, explicó que lo que se busca con la acción es “clarificar” los ámbitos de competencias del Comité de Ministros y que “es el TC quien tiene que definir cuál es la interpretación correcta”.
Reacción de Andes Iron
Tras el procedimiento del Ejecutivo, Andes Iron, la empresa titular del proyecto Dominga, señaló a través de un comunicado que se trata de “una nueva maniobra dilatoria, dado que no existe conflicto real de competencias entre el Comité de Ministros y el 1TA”.
La firma, vinculada a la familia Délano Méndez, agregó que la situación “es muy parecida a lo que ocurrió cuando fue fuertemente criticado por consultar a Contraloría para que ésta le dijera qué Ministros debían integrar el Comité”.
Aunque, a pesar de la suspensión de los efectos de la decisión del Comité, la empresa destacó que Dominga mantiene su permiso ambiental vigente, por lo que pidió al SEA modificar su estatus a “aprobado”.
De todos modos, aún en esa condición, la ejecución de la iniciativa minero-portuaria de US$2.500 millones seguiría supeditada a la decisión del TC, que tendrá la última palabra sobre este prolongado y controvertido proceso de aprobación ambiental.
