Para Andes Iron, la empresa titular del proyecto portuario-minero, la acción es una “maniobra dilatoria” del Ejecutivo destinada a retrasar la aplicación del fallo del Primer Tribunal Ambiental.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento de competencias presentado por el Gobierno en el caso Dominga, una medida que introduce un nuevo giro en la disputa entre el Ejecutivo y la justicia ambiental sobre las atribuciones para resolver el futuro del proyecto.
La Segunda Sala del TC resolvió aceptar la solicitud con los votos a favor de los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gómez Montoya, y en contra de Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas. Con esta decisión, se suspenden los procesos judiciales actualmente en curso en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y en el Primer Tribunal Ambiental (1TA).
El requerimiento fue ingresado por el Comité de Ministros el pasado 23 de marzo, tras el fallo del 1TA que ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución sobre Dominga.
Desde el Ejecutivo argumentaron que esta instrucción invade las competencias exclusivas del Comité, al cual corresponde tener la última palabra en materia de evaluaciones ambientales. “Estamos utilizando las herramientas constitucionales para hacer valer el Estado de derecho”, afirmó Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente.
La resolución emitida este 15 de abril por el TC establece que la solicitud ministerial cumple con los requisitos formales necesarios y que su admisión es pertinente para evitar un “daño irreparable”, considerando el riesgo de que los procesos judiciales avancen en paralelo al pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Andes Iron: “Maniobra dilatoria”
Esta acción se enmarca en el conflicto de competencias abordado anteriormente en Caso Dominga: Tribunal Constitucional deberá resolver tras acción judicial del Ejecutivo, después de que el Gobierno cuestionara el fallo del 1TA, por considerar que atribuía al SEA facultades que corresponden privativamente al Comité de Ministros, que había rechazado la iniciativa en diciembre pasado.
Por su parte, Andes Iron, la empresa titular de proyecto minero-portuario, calificó el requerimiento como una “maniobra dilatoria” destinada a retrasar la ejecución del fallo del Primer Tribunal Ambiental. La compañía insiste en que el Comité de Ministros ya agotó sus competencias y que la iniciativa, que contempla una inversión de US$2.500 millones, debería ser considerada aprobada.
Con la suspensión decretada, la ejecución de Dominga queda nuevamente en espera, a la espera de que el TC zanje de manera definitiva el alcance de las competencias en este prolongado y controvertido proceso de aprobación ambiental.
