El pacto ha suscitado cuestionamientos en instancias políticas y técnicas, incluyendo debates entre candidatos presidenciales, análisis de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y estudios de expertos.
El acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el salar de Atacama ha generado un debate intenso en el país y, aunque el apoyo ciudadano ha bajado en 9 puntos respecto a mediciones anteriores, sigue manteniéndose en niveles altos. Según el último Estudio Omnibus de Cadem, un 67% de los encuestados considera que la alianza es positiva para Chile, mientras que un 27% la ve como perjudicial.
Este descenso en la aprobación se compara con un 76% de apoyo registrado el 17 de abril, fecha que coincide con las declaraciones de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien llamó a parlamentarios de Chile Vamos a “revisar la conveniencia” del pacto para el país. Desde entonces, la alianza se ha convertido en tema recurrente en debates políticos y ha sido objeto de críticas en la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que lo está evaluando y en estudios como el encargado por el Grupo Errázuriz y otro de la Fundación Progresa.
Roberto Izikson, gerente general de Cadem, comentó respecto a la encuesta de junio que “cuando la alianza se cuestiona en el contexto de una campaña presidencial puede generar algún efecto, pero es un efecto acotado y minoritario. Que hoy algo tenga un 67% de apoyo es una alegría”. Desde enero, el apoyo ha fluctuado entre el 61% y el 85%, con la mayoría de las mediciones en un rango entre 72% y 77%.
Entre las razones que motivan la visión favorable, destacan la capacidad del pacto para reactivar la economía (45%), la generación de empleo (28%) y que el litio sea un mineral explotado en Chile (17%). Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, destacó: “Estamos muy orgullosos de este paso histórico, y profundamente felices de que los chilenos lo reconozcan y lo sientan como un logro propio”.
Asimismo, la autoridad manifestó que “por primera vez, una empresa estatal, a través de una potente asociación público-privada liderará la producción de litio en el salar de Atacama, con el expertise privado acumulado durante 30 años, una gobernanza pública robusta, con criterios de sostenibilidad y un modelo que asegura que el valor de este recurso estratégico se quede en el país”.
Respecto al futuro del acuerdo, un 49% considera que el próximo gobierno debería concretarlo para asegurar la posición de liderazgo de Chile en el mercado mundial del litio, aunque esta cifra ha bajado desde un 55% en marzo. En contraposición, un 42% opina que debería reevaluarse.
Críticas desde Grupo Errázuriz y Fundación Progresa
El Grupo Errázuriz, cuya empresa Cosayach Caliche postuló junto a Kairos Inversiones SPA (Lithium Chile) al CEOL para el salar de Coipasa en la región de Tarapacá, denunció públicamente que la asociación de Codelco con SQM constituye un “brutal saqueo que daña a la casta empresarial y la casta de la política” al país. Acusan que la participación de casi el 50 % en la nueva sociedad Tarar fue otorgada sin licitación y por un monto que, a su juicio, es muy inferior a su verdadero valor de mercado.
Según sus estimaciones, el Estado podría estar perdiendo entre US$ 5.500 y 11.400 millones por no convocar un proceso competitivo, además de fortalecer la posición dominante de SQM sin exigir inversiones tecnológicas proporcionales. Por ello, insisten en que se debe abrir una licitación internacional que permita maximizar los ingresos fiscales y modernizar la explotación del litio en el salar de Atacama.
En esa misma línea, el economista Camilo Lagos, de la Fundación Progresa –think tank vinculado al extinto Partido Progresista (PRO) que lideraba Marco Enríquez-Ominami-, publicó un estudio titulado “Litio, soberanía y oportunidad perdida”, que pone en duda la conveniencia del pacto. De acuerdo al especialista, el fisco estaría subsidiando a SQM con aproximadamente US$5.200 millones y dejando de captar cerca de US$4.000 millones al no operar directamente ni llamar a licitación.
Lagos, quien participó en la Comisión Nacional del Litio durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuestionó además la ausencia de compromisos exigibles en tecnología limpia e industrialización local. Y advirtió: “Lo que se presenta como una asociación histórica para el Estado de Chile, es en realidad un mecanismo de continuidad privilegiada para SQM, que consolida su hegemonía sin competir ni asumir riesgos proporcionales a la renta que obtiene”.
Investigación en Cámara Baja sobre alianza entre Codelco y SQM
A nivel legislativo, la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un informe que formuló severos reparos al proceso de negociación entre Codelco y SQM. Según el documento, las tratativas y firma del memorándum de entendimiento y del posterior acuerdo de sociedad conjunta se realizaron sin debate público, sin información previa al Congreso ni actas detalladas, lo que constituye una grave falta de transparencia, según los parlamentarios.
La Comisión criticó la decisión de no abrir un proceso de licitación y de pactar directamente, y sin pago al contado, lo que podría generar un perjuicio fiscal de hasta US$11.220 millones en la próxima década, considerando los valores que ha alcanzado el litio en transacciones internacionales recientes. Además, objetó la estructura de gobernanza acordada, pues SQM conservará el control operativo hasta 2030 y facultades clave de decisión hasta 2031, lo que limita la capacidad de supervisión estatal durante los primeros años de la asociación.
Por otra parte, el análisis parlamentario también reparó en los impactos sociales y ambientales: comunidades indígenas reclaman que la consulta previa ha sido insuficiente y con presiones para obtener su consentimiento, mientras persisten dudas sobre la crisis hídrica en el salar de Atacama y la obligación de aplicar tecnologías que reduzcan el uso de agua.
De este modo, el acuerdo público-privado para la explotación de este mineral estratégico sigue siendo motivo de debate. Aunque mantiene un respaldo mayoritario entre la ciudadanía, aún quedan aspectos pendientes para alcanzar un consenso más amplio que equilibre intereses económicos, sociales y ambientales.
