El proyecto busca reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de permisos no ambientales, estableciendo plazos perentorios, declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo y responsabilidades administrativas para quienes incumplan los plazos.
Tras dos días de intenso debate, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín 16566-03), una esperada reforma que apunta a modernizar y agilizar los permisos sectoriales no ambientales para proyectos de inversión en Chile. El proyecto fue aprobado con apoyo transversal y ahora deberá enfrentar su votación definitiva en la Cámara Alta.
Una reforma clave para reducir la “permisología”
La iniciativa propone acortar en un 30% a 70% los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales correspondientes a 37 servicios y 16 ministerios, sin afectar los estándares regulatorios existentes. El enfoque está en la simplificación administrativa, incorporando herramientas como declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo, avisos previos en procedimientos menores y la aplicación del silencio administrativo para evitar demoras injustificadas.
Uno de los principales avances fue establecer que los plazos máximos serán obligatorios, y su cumplimiento formará parte de las metas de gestión de los servicios públicos. Los funcionarios que los incumplan podrían enfrentar sanciones administrativas, lo que representa un giro relevante en la forma en que se mide y exige eficiencia al aparato estatal.
La senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión de Hacienda, subrayó la importancia del acuerdo alcanzado: “El proyecto será clave para poder avanzar en sacar adelante muchas iniciativas que, por exceso de trámites de permisos, se han demorado (…) Dentro de las cosas más relevantes que aprobamos es que no va a poder volver a pedirse un trámite, un certificado, un adicional a aquellas cosas que ya se vieron por la puerta de lo ambiental”.
Lo que sigue: votación en Sala y tercer trámite en la Cámara Baja
Si la Sala del Senado aprueba el proyecto en su versión actual, este quedará listo para su tercer y último trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, acercándose a su promulgación como ley. Dada la transversalidad de los apoyos en Hacienda y Economía, se prevé un resultado favorable, aunque persisten alertas respecto de la implementación efectiva de las medidas.
La reforma es observada con atención tanto por el mundo empresarial como por sectores técnicos del Estado, al considerarse una pieza clave para resolver cuellos de botella normativos que han afectado la ejecución oportuna de proyectos de inversión pública y privada, especialmente en infraestructura, energía y minería.
En ese contexto, la iniciativa representa un intento ambicioso por equilibrar celeridad y regulación, otorgando al Estado nuevas herramientas para modernizar su gestión sin debilitar el control institucional ni los derechos ciudadanos frente a las autorizaciones sectoriales.
