“La actual burocracia está afectando dramáticamente el desarrollo económico y social del país”, expresó Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, en el informe de gestión anual del sector.
Contundente y crítico fue el reciente informe entregado por el Consejo Minero a sus asociados, donde el texto explora los retos institucionales que surgen de la “inconsistencia regulatoria” que observan en la agenda de Gobierno. Por ejemplo, se alerta que, aunque el Ministerio de Economía tiene una nueva oficina dedicada a la coordinación de todo lo relacionado con permisos sectoriales, “en la práctica ese ministerio no se involucra en corregir las deficiencias de iniciativas regulatorias promovidas por otros ministerios o por parlamentarios en temas ambientales, laborales, energéticos o tributarios, por mencionar algunos”.
En materia de permisología, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dirigió a una carta sus asociados en el informe de gestión anual del sector, en la que criticó la actual burocracia existente culpándola del dramático desarrollo económico y social del país.
Adicionalmente, aunque el dirigente destaca los contenidos ‘muy positivos’ de la reforma que impulsa el Ministerio de Economía – que considera como apremiante- según informó El Mercurio, también cuestiona el efecto contrario del resto de la agenda del Gobierno en la materia: ‘Paralelamente se impulsaron iniciativas legislativas que van en el sentido contrario a racionalizar autorizaciones. Esto se vio tanto en los ámbitos de concesiones marítimas, desalinización y patrimonio cultural, así como en materia de fiscalización medioambiental’.
El documento que alberga el mensaje de Villarino se asemeja a las memorias corporativas integradas y representa a los miembros del Consejo Minero: Anglo American, Barrick, BHP, SQM, Antofagasta Minerals, Teck, además de la empresa estatal Codelco, entre otras.
Reformas cuestionadas
Las reformas nombradas en la carta poseen diferentes niveles de progreso y apoyo. En el contexto de las concesiones marítimas, el Gobierno busca ceder este proceso al Ministerio de Bienes Nacionales, pese a que la propuesta ha generado incertidumbre en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde no se han logrado avances formales.
Al respecto del proyecto que regula el uso del agua marítima para la desalinización, ubicada en la Comisión de Hacienda del Senado, no es parte de los proyectos con prioridad por el Ejecutivo.
En este ámbito, Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES) comparte el tono de las críticas del Consejo Minero: “Se requiere una regulación sectorial que habilite la inversión en nueva infraestructura hídrica si queremos apalancar el crecimiento de sectores esenciales de la economía como la minería, la industria y la agricultura” expone, añadiendo que la iniciativa de concesiones marítimas no aporta a ese objetivo por sí solo. Continuar únicamente en esta norma, “implica crear un procedimiento administrativo complejo, con amplios espacios de discrecionalidad, en el que intervienen múltiples agencias públicas y con plazos extensos”.
Por otro lado, la Ley de Patrimonio Cultural, que busca modificar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), obtuvo la aprobación general de la Comisión de Cultura del Senado, varios meses tras las indicaciones que el Ejecutivo proporcionó.
